Los límites institucionales se han ido difuminando, con más fuerza desde 2016. Ese año el ente electoral tachó a dos candidatos con creciente intención de voto y se generó un congreso con una mayoría absoluta que se empeñó en bloquear al ejecutivo. Desde el Ejecutivo se promovió la no reelección de congresistas con un referéndum y un año después cerró el Congreso. El nuevo Congreso vacó a un presidente con alta popularidad. Bajo el actual Congreso se eligió un Tribunal Constitucional que no cuestiona decisiones controversiales del Legislativo. Lo que hemos venido observando en estos años es que la legislación ha sido usada en sus extremos, sin contención.
Y ahora tenemos la investigación sumaria del Congreso a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por “faltas graves”. Si bien la mayoría de personas encuestadas por el IEP en este mes (65%) no conoce la discusión sobre la investigación sumaria del Congreso a la JNJ, cuando se pregunta sobre la separación de poderes y si el Congreso la respeta, un 86% cree que no lo hace.
Lo que sostiene la democracia es esta separación y vigilancia entre poderes del Estado, si esto se pierde, el equilibrio precario que tenemos también decae. Sin embargo, en un país tan desigual, donde 6 de cada 10 personas alguna vez se han quedado sin alimentos por falta de recursos en los últimos tres meses, las preocupaciones políticas e institucionales, que son vitales ciertamente, quizá no se vean tan prioritarias y difícilmente motiven una movilización. Más bien la situación parece motivar que uno de cada dos se quiera ir del país.
Columna publicada en La República, 24 de septiembre de 2023
