La pugna entre Congreso y Ejecutivo, abierta y clara desde el inicio del actual Gobierno, ha tenido dos actores principales: el Congreso, en especial la oposición que desde un inicio buscó desconocer los resultados de junio del 2021; y también el Ejecutivo, que con una serie de desaciertos y malas decisiones afectó la gestión estatal y el buen gobierno.
Ambos poderes, elegidos en un contexto de alta fragmentación, no cuentan con una alta aprobación ciudadana, pero es sobre todo el Congreso la entidad que cuenta con una menor aprobación, incluso en Lima metropolitana, plaza contraria al presidente Pedro Castillo. Toda la serie de amenazas entre ambos poderes solo incide en un descrédito de la política. Y, tal como sucedió en agosto, los últimos ataques del Congreso y la respuesta presidencial, el hecho de que el Gobierno responda o incluso tome la iniciativa en los ataques parece ser un elemento que contribuye con el aumento de su aprobación.
Las acciones del Congreso como la denuncia al presidente por traición a la patria o la denegatoria de permiso para viajes al exterior parecen contribuir con la baja aprobación congresal. La acción ciudadana, aún limitada a algunos grupos, no tiene una participación clara en estas decisiones. Veremos los efectos que puede dejar la visita de la OEA a nuestro país.
Columna publicada en La República, 27 de noviembre de 2022
