El último informe del Barómetro de las Américas para Perú, muestra entre otras cosas, la crisis de la democracia representativa en nuestro país (baja confianza en las elecciones y tolerancia a una posible disolución del Congreso). Todo, en el contexto de ser el segundo país donde más personas dicen que la situación económica es peor (73%) que antes de la pandemia y con menor satisfacción con la democracia (21%), tras Haití.
En este escenario, derecha e izquierda parecen enfocadas cada vez más en destruir nuestra débil institucionalidad que en fortalecer la democracia. En 2021, en el contexto de baja confianza en las elecciones (solo 27% estaba seguro de que no había posibilidad de fraude), asistimos a un ataque por parte de la derecha a la limpieza de las elecciones. Ahora, en 2022, en otro de los flancos débiles de la democracia como es la representación, el ataque proviene del gobierno y la izquierda en su conjunto, que abogan por una nueva Constitución, privilegiando la democracia directa, sin ningún norte claro, salvo desaparecer la actual.
Quizá se piensa que la falta de gobierno se puede solucionar, o más bien ocultar, con una Asamblea Constituyente. Sin embargo, la encuesta de IEP de diciembre de 2020 mostró que quienes buscan una nueva Constitución priorizan el populismo punitivo, la intervención del estado en economía y los valores tradicionales. ¿Es eso lo que queremos?
La ciudadanía, mientras tanto, mantiene el frágil apoyo al presidente, sin cambios desde noviembre, pero afectada cada vez más por la situación económica y en segundo lugar por la situación política.
Columna publicada en La República, 24 de abril de 2022
